México y la elección judicial: entre la expectativa democrática y la indiferencia ciudadana.

Este 1 de junio de 2025 marcó una jornada histórica en el país: por primera vez en la historia moderna de México, miles de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial fueron elegidos por voto popular. Esta reforma, impulsada en 2024 con el objetivo de democratizar el sistema judicial y combatir la percepción de elitismo y corrupción en los tribunales, prometía ser un paso firme hacia una justicia más cercana al pueblo. Sin embargo, a medida que avanzaba el día y se contaban las boletas, emergía una verdad incómoda: la mayoría de la población no acudió a votar.

Pese a su carácter histórico, la participación ciudadana fue baja en varios estados, especialmente en zonas rurales y suburbanas. En ciudades intermedias como Delicias, Chihuahua, aunque el arranque de la jornada electoral fue en orden, el flujo de votantes se mantuvo lento. De los más de 125 mil ciudadanos empadronados en la región, una gran parte decidió no acudir, y los motivos son múltiples, complejos y reveladores del momento social que atraviesa la nación.

Desinformación, desconfianza y campañas invisibles

Uno de los ejes centrales que explican la baja participación en estas elecciones extraordinarias fue la profunda falta de información. A diferencia de las elecciones presidenciales, legislativas o incluso municipales, las campañas para esta elección judicial fueron mínimas, poco visibles y limitadas en tiempo y difusión. No hubo mítines masivos, ni debates públicos, ni un bombardeo en medios tradicionales. Incluso en redes sociales, donde se suele captar la atención de los votantes jóvenes, la información sobre los perfiles de los candidatos judiciales fue escasa o confusa.

En este contexto, la gran mayoría de la población no sabía a quién elegir, ni por qué. Según datos del sondeo de GobernArte realizado a finales de 2024, solo el 9% de los mexicanos sabía quién era el juez o magistrado que le corresponde en su distrito. Más alarmante aún, el 70% expresó que el sistema judicial mexicano “no funciona adecuadamente”, y el 56% directamente lo calificó como “nada confiable”. Votar por personas desconocidas, para ocupar cargos con funciones que el público tampoco comprende del todo, generó apatía y desinterés.

Muchos electores señalaron no tener certeza sobre cómo estas figuras judiciales afectan su vida diaria. “¿Qué diferencia va a hacer en mi comunidad quién sea juez federal, si aquí seguimos sin agua y sin seguridad?”, comentó un votante del norte de Chihuahua. Esta desconexión entre el sistema judicial y la realidad de la gente ha sido una de las grandes barreras para que esta reforma electoral se entienda y se asuma como propia por parte de la ciudadanía.

Servicios públicos insuficientes y abstencionismo como reflejo de hartazgo

Más allá del desconocimiento, otro factor clave en el abstencionismo fue el malestar social generalizado por la falta de servicios públicos. En muchas regiones del país, desde municipios rurales de Oaxaca y Chiapas hasta sectores urbanos como Iztapalapa en la CDMX o Ciudad Juárez en Chihuahua, la gente asocia la ausencia de prestaciones básicas con un sistema de gobierno que prioriza reformas ajenas a sus verdaderas necesidades.

Las carencias en salud, educación, transporte, seguridad pública o acceso al agua potable son parte del día a día de millones de mexicanos. En este contexto, muchos ciudadanos expresaron su molestia: “¿Por qué tengo que ir a votar por un juez si mi hija no tiene escuela cerca o si en el centro de salud no hay médicos?”, reclamaban madres de familia en entrevistas realizadas por medios locales. En otras palabras, votar por una figura institucional que parece lejana y poco útil frente a las carencias urgentes, resulta incoherente para quienes luchan por sobrevivir.

Este tipo de abstencionismo pasivo no solo es comprensible, sino profundamente político: representa una forma de protesta silenciosa ante un sistema que, según sus propios actores, no les representa ni responde a sus demandas. Sin embargo, sus efectos pueden ser contraproducentes. Cuando los niveles de participación son bajos, la legitimidad del proceso electoral queda en entredicho. Los jueces, magistrados o ministros electos podrían terminar siendo respaldados por una minoría, lo que disminuye su autoridad moral y su capacidad de ejercer sus funciones con representatividad.

A largo plazo, este fenómeno puede generar un ciclo vicioso: baja participación → baja legitimidad → menor confianza institucional → menor participación. Y eso, para una nación que busca consolidar su democracia y fortalecer el Estado de derecho, es profundamente preocupante.

La elección judicial de este 2025 ha sido una iniciativa ambiciosa, cargada de intenciones democratizadoras, pero también marcada por profundas limitaciones estructurales. La falta de pedagogía cívica, la ausencia de campañas visibles, la desconexión entre los ciudadanos y las instituciones judiciales, así como la precariedad de los servicios públicos en buena parte del país, se combinaron para producir una jornada electoral marcada por la indiferencia.

Lejos de condenar al votante por no acudir, este proceso debe ser una oportunidad para reflexionar: ¿cómo podemos construir una democracia más participativa si los ciudadanos no sienten que sus decisiones importan? ¿Cómo lograr que reformas como esta se entiendan, se asuman y se ejerzan con convicción?

Solo con mayor transparencia, educación cívica constante, cercanía institucional y mejoras tangibles en la vida cotidiana, se podrá construir la base ciudadana necesaria para sostener este tipo de cambios estructurales. De lo contrario, el voto judicial será apenas un símbolo vacío de participación, en lugar del verdadero puente entre la justicia y el pueblo.