El Gobierno del presidente Donald Trump presentó este lunes una demanda contra las autoridades de Los Ángeles, argumentando que las políticas de protección a inmigrantes adoptadas por esta ciudad interfieren con la aplicación de las leyes migratorias federales.
La querella fue interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un tribunal de California. En ella se señala directamente a la alcaldesa Karen Bass, al presidente del Concejo Municipal Marqueece Harris-Dawson, así como al cuerpo legislativo local.
Los Ángeles como ciudad santuario tras elección de Trump
Aunque desde antes la ciudad operaba bajo prácticas de protección a migrantes, fue en noviembre de 2024 cuando el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que oficializa a Los Ángeles como ciudad santuario, tras la elección de Trump a la presidencia.
Este decreto limita la cooperación de las autoridades locales con agencias federales en temas migratorios, al prohibir el uso de recursos municipales para cumplir órdenes migratorias y restringir el intercambio de información con autoridades federales.
La administración Trump solicitó al tribunal que declare ilegal esta ordenanza y prohíba su aplicación por parte de las autoridades locales.
La ciudad, donde más de un tercio de la población es inmigrante, ha sido escenario de protestas recientes, particularmente tras el incremento de redadas en centros de trabajo a inicios de junio.
El presidente Trump también ordenó el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional y de 700 marines en la ciudad, superando las facultades del gobernador de California, Gavin Newsom.
La alcaldesa Karen Bass ha señalado que la presencia militar ha generado pánico entre la población y que la policía local “tenía la situación bajo control”. Hasta el momento, ni su oficina ni la de Harris-Dawson han respondido a las solicitudes de comentarios.
Acusaciones desde el Gobierno de Donald Trump
La fiscal general Pamela Bondi declaró que las políticas santuario de la ciudad han derivado en “violencia, caos y ataques a las fuerzas del orden que los estadounidenses recientemente vieron en Los Ángeles”.
La demanda se enmarca en una serie de acciones del Gobierno federal que buscan limitar las políticas locales de no cooperación migratoria, especialmente en ciudades con alta población inmigrante.
